El gobernador salteño Gustavo Sáenz planteó en los últimos días la necesidad de “suspender los planes sociales en zona de frontera”, con el argumento de que existen beneficiarios extranjeros que cruzan al país “solo para cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino”. Según el mandatario, esa medida permitiría redirigir fondos hacia jubilados y personas con discapacidad, al evitar “la cantidad de fondos que estamos dilapidando en los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país”.

Sin embargo, los datos oficiales muestran que el impacto fiscal de los programas sociales percibidos por extranjeros es mínimo, y que incluso su eliminación total no alcanzaría para financiar los incrementos jubilatorios ni las mejoras en discapacidad que fueron vetadas por el gobierno nacional.

¿Cuántos extranjeros cobran planes o programas sociales?

De acuerdo con una respuesta oficial de la ANSES a un pedido de acceso a la información pública realizado por Ciudadana Comunicación, los beneficiarios extranjeros representan una fracción muy baja del total de titulares de programas sociales.

Según esos datos oficiales, hay 41.818 beneficiarios extranjeros de la Asignación Universal por Hijo, lo que representa apenas el 1% de los 4.020.710 beneficiarios de este programa en todo el país. En el caso de la asignación para hijos con discapacidad, los beneficios a extranjeros es un poco mayor: 2.760 sobre 88.137, lo que representa un 3,1%. Por su parte, hay 2.827 mujeres que no son argentinas que perciben la Asignación por Embarazo sobre un total de 66.071 mujeres que cobran este beneficio (4,3%). Finalmente, los desocupados extranjeros que cobran el Seguro de Desempleo son 4.281 sobre 109.878 beneficiarios totales, es decir, un 3,9% del total.

Salvo en la Asignación por Embarazo, en todos los casos se trata de porcentajes inferiores al de extranjeros que residen en nuestro país, que según el Censo 2022 representan el 4,2% de la población. Dicho de otro modo: los extranjeros no son más propensos que los argentinos a recibir programas sociales.

¿Cuál es su costo fiscal?

Es poco probable que la totalidad de los extranjeros que son beneficiarios de estos programas sociales sean, en palabras de Sáenz, “extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país”, ya que hay numerosos requisitos que exigen la permanencia de los beneficiarios en nuestro país.

Pero suponiendo que en todos los casos se tratara de personas con estas características, ¿cuál sería el beneficio fiscal de eliminar estos planes a extranjeros?. O dicho de otra manera: ¿cuánto gasta el Estado Nacional en programas sociales cuyos beneficiarios son extranjeros?

Para el período que va desde agosto hasta diciembre de este año (estimando los montos de noviembre y diciembre en función de la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado), la ANSeS habrá gastado 24.506 millones de pesos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para los más de 40 mil extranjeros que cobran ese beneficio, otros 5.266 millones para 2.760 beneficiarios de la asignación por hijo con discapacidad, y unos 1.656 millones para las 2.827 mujeres extranjeras que cobran la Asignación por Embarazo.

Por su parte, en ese mismo período habrá gastado unos 6.970 millones de pesos en pagarle el Seguro de Desempleo a 4.281 beneficiarios extranjeros, suponiendo que ese beneficio se pagara en el techo, que es el 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Aunque la ANSeS no respondió sobre la cantidad de beneficiarios extranjeros de la Tarjeta Alimentar, se puede estimar a partir de la cantidad de beneficiarios de las asignaciones universales. Así las cosas, el costo fiscal estimado de ese programa para los beneficiarios que no nacieron en la Argentina, sería de 1.942 millones de pesos más.

O sea que en total, entre agosto y diciembre de 2025, el Estado Nacional habrá gastado 40.342 millones de pesos, en todos los programas sociales que tienen como destinatario a extranjeros.

¿Alcanza para cubrir los aumentos para jubilados y para personas con discapacidad?

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó el impacto fiscal que tendría el proyecto de Ley de Incremento Excepcional y de Emergencia aprobado por ambas cámaras y luego vetado por el presidente de la Nación Javier Milei.

Según las estimaciones de la OPC, el aumento del 7,2% habría significado un aumento del gasto de 1.673.494 millones entre agosto y diciembre de este año. En lo que respecta al aumento del bono a 110 mil pesos móvil, el costo habría sido de 1.015.676 millones para el mismo período. En total, las dos medidas suman 2.689.170 millones de pesos.

Así las cosas, la suspensión de los programas sociales para todos los extranjeros (40.342 millones de pesos) hubiese alcanzado para cubrir apenas el 1,5% del costo fiscal del incremento extraordinario para los jubilados.

Por su parte, la OPC estimó que la implementación de la Ley de Discapacidad (que fue aprobada por ambas cámaras, vetada por el presidente, rechazado el veto por ambas cámaras y suspendida su aplicación por el presidente) habría significado un aumento del número de beneficiarios por nuevas altas de entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. “Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos”, concluyó el organismo. Además, estimó que la compensación de emergencia a prestadores habría costado $278.323 millones y la asignación para talleres de producción unos $7.160 millones.

Tomando el escenario más conservador, esto habría significado un gasto de 2.174.854 millones de pesos, de los cuales la eliminación de los programas sociales a la totalidad de sus beneficiarios extranjeros habría representado apenas el 1,9%.

En conclusión, no es cierto que la eliminación de los extranjeros que cobran programas sociales represente una solución a la falta de actualización en términos reales de los haberes jubilatorios, ni a la falta de fondos para personas con discapacidad.

¿Y por casa cómo andamos?

El porcentaje de extranjeros que es beneficiario de programas sociales en una provincia fronteriza como Salta es todavía menos significativo, lo que echa por tierra esa idea de que la mayoría son personas que viven en países vecinos y que vienen a la Argentina solamente a cobrar esos beneficios.

Según la respuesta al pedido de información pública ya mencionado, solo hay 347 beneficiarios extranjeros de la Asignación Universal por Hijo, apenas el 0,2% de los 168.577 niños que perciben este beneficio. En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, hay solo 18 extranjeros, lo que representa un 0,4% de los 4.243 salteños que lo cobran. Las 23 mujeres extranjeras que cobran la Asignación por Embarazo solo son el 1% de las 2.198 salteñas que lo perciben. Y hay solo 54 personas con otra nacionalidad que cobran el Seguro por Desempleo sobre un total de 4.192 beneficiarios, es decir, el 1,3%.

Esto significa que el Estado nacional gastaría 57.602 millones de pesos en hacer frente al pago de esos beneficios entre agosto y diciembre de 2025.

Si tenemos en cuenta que en Salta viven 160.676 de lo 6.037.025 jubilados que hay en el país, siguiendo los números de la OPC, podríamos estimar que el impacto fiscal del incremento excepcional del 7,2% a los jubilados habría sido de 44.514 millones de pesos, mientras que el de aumentar el bono a 110 mil pesos, habría sido de 27.016 millones de pesos, o sea, un total de 71.531 millones de pesos.

En ese sentido, eliminar la totalidad de los beneficios sociales a los extranjeros que viven en Salta habría representado apenas el 0,08% de la implementación de la Ley de Incremento Excepcional y de Emergencia para los jubilados salteños.