A cinco años de la sanción de la Ley 27.610, los datos oficiales muestran que el sistema de salud salteño logró garantizar interrupciones tempranas del embarazo y reducir la maternidad adolescente. Sin embargo, también revelan un punto de inflexión: durante 2024 el acceso comenzó a descender, en un contexto de desfinanciamiento sostenido de las políticas nacionales de salud sexual y reproductiva y de creciente opacidad estatal. La Provincia aún no entregó los datos de 2025.

Cinco años después de la sanción de la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), Salta exhibe una paradoja. Durante los primeros años de implementación, el sistema de salud logró ampliar el acceso, garantizar prácticas tempranas y acompañar una reducción sostenida de la maternidad adolescente. Pero los datos más recientes disponibles muestran otra escena: menos interrupciones registradas, menos recursos y menos información pública.

Lo cierto es que la gestión provincial aún no proporciona los datos correspondientes a 2025 sobre la aplicación de la IVE/ILE, dado que aún se encuentran en cierre de año.  

Crecimiento, pico y caída: el recorrido del acceso

Desde la implementación efectiva de la Ley 27.610, el acceso a la IVE en Salta creció de manera sostenida hasta alcanzar su punto más alto en 2023. Al menos así se evidencia a partir de las estadísticas oficiales del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), con base en registros del sistema de salud provincial. Los números muestran una curva clara:

En 2021 se registraron 2.785 interrupciones voluntarias del embarazo.
En 2022, el número ascendió a 4.244.
En 2023, el sistema alcanzó su máximo histórico, con 5.180 prácticas.
En 2024, la cifra descendió a 4.371, una caída del 17%.

Si bien, una lectura puramente numérica podría sugerir una baja en la demanda, lo cierto es que el análisis contextual obliga a ampliar la mirada. El descenso de 2024 coincide con el primer año completo del gobierno nacional que recortó de manera drástica la provisión de anticonceptivos, desmanteló programas de prevención y trasladó a las provincias la responsabilidad de sostener la política sin los recursos necesarios.

Quiénes acceden y quiénes quedan más expuestas

Adultas jóvenes: el núcleo del acceso

Las estadísticas del OVcM, evidencian que, en todos los años analizados, las personas gestantes de entre 21 y 30 años concentran cerca del 60% de las interrupciones voluntarias del embarazo. Solo en 2023, más de 3.000 IVE correspondieron a ese rango etario.

El dato no es menor, dado que la interrupción voluntaria del embarazo aparece, mayoritariamente, como una decisión de adultas jóvenes. Muchas de ellas toman definiciones reproductivas de van en línea con sus proyectos de vida, sujetos a sus contextos socio económico, que actualmente se tornan más inestables y con menos redes de cuidado y acompañamiento estatal.

Niñas y adolescentes: el dato que no baja

Desde una perspectiva de derechos, el grupo etario más alarmante es el de niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años.

En 2021 se registraron 42 casos.
En 2022, el número subió a 72.
En 2023, alcanzó los 86.
En 2024, se mantuvo alto, con 83 interrupciones.

Mientras el total de IVE desciende en 2024, las interrupciones en niñas y adolescentes tempranas no bajan. El dato dialoga de manera directa con las estadísticas de violencia sexual infantil: en el marco legal argentino, un embarazo en niñas menores de 15 años se presume como producto de abuso sexual.

Los registros de ILE refuerzan esta lectura. Entre 2020 y 2024, 103 niñas de entre 10 y 15 años accedieron a una interrupción legal del embarazo en Salta. En muchos de estos casos, el sistema de salud aparece como uno de los pocos espacios donde estas violencias logran ser detectadas.

Interrupciones tempranas: un logro

Uno de los datos más contundentes tiene que ver con el momento en que se realizan las interrupciones.

Entre 2021 y 2024, más del 70% de las IVE se realizaron antes de la décima semana de gestación. En todos los años analizados, el pico absoluto se concentra en la semana 8. Solo entre el 1,9% y el 2,4% de los casos llega al límite legal de la semana 14.

En 2024, por ejemplo, se registraron 931 interrupciones en la semana 8, frente a apenas 105 en la semana 14. De igual manera, desde espacios como la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Salta, denunciaron que aún persisten casos de violencia institucional que llevan a extender casos hasta la semana 14, con el propósito de persuadir la decisión de las personas gestantes.

Aún así, este patrón desmiente uno de los discursos más instalados contra la ley, que es que la mayoría de las interrupciones se dan a través de intervenciones quirúrgicas, como el AMEU. Con los datos, se visualiza que la enorme mayoría de las personas accede a la práctica de manera temprana, con procedimientos ambulatorios, seguros y de bajo riesgo, lo que habla de profesionales de la salud que intervienen a tiempo.

El quiebre de 2024, visto mes a mes

El análisis mensual permite observar con mayor nitidez el punto de inflexión.

Durante 2021, la curva fue claramente ascendente.
En 2022, el acceso se estabilizó en niveles altos, con un promedio cercano a las 350 interrupciones mensuales.
En 2023, se alcanzó el pico histórico, con meses que superaron las 500 IVE.
En 2024, la tendencia se invirtió: el descenso fue sostenido y varios meses quedaron por debajo de las 300 prácticas.

Junio y diciembre de 2024 registraron las cifras más bajas de interrupciones voluntarias  desde la implementación plena de la ley. Lo cierto es que desde los efectores de salud advierten que desde hace meses faltan misoprostol y mifepristona, los medicamentos necesarios para las prácticas de interrupción legal y voluntaria del embarazo (ILE/IVE). Según informe de mediados de año de Jefatura de Gabinete, en 2022, el Plan ENIA registraba que en Salta se habían entregado 4.113 dosis, mientras que a nivel nacional fueron casi 100 mil, cifra que en 2023 trepó a 160 mil. Desde 2024, sin embargo, el gobierno nacional dejó de informar sobre la provisión.

Menos anticonceptivos, más riesgo

El Informe Anual 2025 del Observatorio de Violencia contra las Mujeres permite dimensionar con precisión el retroceso reciente de las políticas de salud sexual y reproductiva y sus efectos directos en Salta. Durante el período 2017–2023, la provincia registró una de las caídas más pronunciadas del país en la tasa de fecundidad adolescente —superior al 61%—, un proceso estrechamente vinculado a la implementación sostenida de políticas públicas como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), la provisión regular de anticonceptivos y la ampliación del acceso a derechos consagrados por la Ley IVE/ILE. En ese marco, la distribución de métodos anticonceptivos de larga duración (LARC) mostró un crecimiento sostenido, con un pico en 2023 de cerca de 5.900 implantes en la provincia.

Ese escenario comenzó a revertirse de manera abrupta en 2024. Según el Observatorio, ese año se registró la menor distribución de preservativos de la última década a nivel nacional y una caída histórica en la provisión de anticonceptivos hormonales orales e inyectables. El dato más crítico fue el derrumbe en la entrega de implantes subdérmicos: en las provincias alcanzadas por el Plan ENIA la reducción fue del 94,5%, mientras que en Salta la caída alcanzó el 93,2%, al pasar de 5.900 implantes distribuidos en 2023 a apenas 400 en 2024.

El informe advierte que este desabastecimiento compromete la continuidad de políticas que demostraron ser efectivas y golpea de manera directa a los mismos grupos que concentran mayores niveles de IVE e ILE en la provincia: adolescentes, jóvenes y personas en contextos de mayor vulnerabilidad social y económica. La retracción en el acceso a métodos anticonceptivos amenaza con desarticular los avances logrados en la reducción de embarazos no intencionales y expone a estos sectores a mayores riesgos, en un contexto de desfinanciamiento nacional y de falta de definiciones políticas claras a nivel provincial.

Conclusión

A cinco años de la sanción de la Ley 27.610, los datos muestran que la IVE/ILE salvó vidas, permitió interrupciones tempranas y contribuyó a reducir la maternidad adolescente. Pero también advierten sobre un presente preocupante: menos recursos, menos acceso y más silencio estatal.