Desde el retorno de la democracia en 1983 hasta la actualidad, la Provincia de Salta atravesó un proceso casi ininterrumpido de políticas orientadas a la reducción del gasto público, con distinta intensidad según el contexto económico nacional. Siempre hubo normas para bajar el gasto, pero nunca se conocieron los resultados de los ajustes

A lo largo de más de cuatro décadas se registran al menos 30 decisiones de ajuste, entre decretos, leyes y resoluciones. Pero si se amplía la mirada a toda la normativa vinculada al control del gasto, el número crece: más de 260 instrumentos legales —incluyendo 17 leyes, 223 decretos y al menos 12 resoluciones— dan cuenta de una política persistente de contención. También hay 11 decretos en clave de “austeridad”. Al concepto de contención del gasto público, también lo contienen la mayoría de los presupuestos generales anuales de la provincia de las últimas décadas.

Lejos de ser medidas excepcionales, los recortes aparecen como una constante estructural del funcionamiento del Estado provincial. Cada ciclo de crisis —la hiperinflación de los años 80, el ajuste brutal del menemismo de los 90, el colapso de la convertibilidad y corralito en 2001, el ajuste fiscal posterior a 2017, la crisis por la sequía y por la pandemia, más la actual caída de la coparticipación— derivó en nuevas decisiones de austeridad. El caso más reciente es el Decreto 206/26, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, que dispuso congelamiento de salarios, suspensión de contrataciones y recortes generalizados por 180 días. La medida replica, casi sin cambios, el esquema aplicado en 2020 mediante el Decreto 55/20, también basado en el congelamiento salarial y la contención del gasto.

Pero la lógica no es nueva. Ya en 2017 y 2019, la provincia había implementado programas de reducción del Estado, en línea con el pacto fiscal impulsado por el gobierno nacional. El patrón se repite: caída de ingresos, emergencia fiscal, decreto de ajuste. A lo largo de más de cuatro décadas, el gasto público en Salta no fue objeto de una única reforma profunda, sino de sucesivos “parches” de austeridad que reaparecen cíclicamente. El ajuste no es una decisión extraordinaria, sino una herramienta recurrente de administración. Incluso en períodos de crecimiento económico, el control del gasto se mantuvo a través de leyes de presupuesto restrictivas y medidas administrativas menos visibles.

El resultado es un modelo de gestión donde el equilibrio fiscal se sostiene más por recortes periódicos que por transformaciones estructurales del sistema tributario o del perfil del Estado.

Aun así, vale decir que la mayoría de las normativas de restricción, fueron “legalmente infringidas” ya que mientras los topes seguían vigentes, en los distintos gobiernos se encontró la “flexibilización” necesaria para justificar la contratación de agentes del estado, salirse de los márgenes con los gastos o inclusive autorizar viajes al exterior porque las actividades “así lo ameritaban”. Todo ello, bajo argumentos tales como: “no transgrede las disposiciones legales vigentes en materia de contención de gasto público” o “no se contraviene lo dispuesto en decretos anteriores”

Párrafo aparte merecen los pactos o consensos fiscales (bajo las eufemísticas denominaciones de “Apoyo institucional para la gobernabilidad de la República Argentina” o “Modernización y asignación eficiente de recursos públicos”), firmados por los gobiernos de Roberto Ulloa y Juan Carlos Romero con Carlos Menem; Juan Manuel Urtubey con Mauricio Macri y Gustavo Sáenz con Alberto Fernández; además del Pacto de Mayo con Javier Milei. Todos esos acuerdos propusieron y aspiraron al equilibrio fiscal, reducción del gasto público, reformas tributarias y laborales, entre otras.

Hay que sumar que en Salta rige la emergencia económica desde marzo de 1990 (ya que se viene prorrogando todos los años, desde entonces), y que, entre otras cosas, fue impulsada por el Gobierno de Juan Carlos Romero, “a los efectos de disminuir el gasto público” e invitando a adoptar “todas las medidas que contribuyan a alcanzar una mayor eficiencia” estatal.

En Salta, el ajuste no ocurre una sola vez, sino en ciclos recurrentes, se activa principalmente cuando hay caída de coparticipación, crisis nacional y acuerdos fiscales con Nación. Es decir, la reducción del gasto es una política periódica, no excepcional. A pesar de la magnitud y continuidad de estas medidas, no existe una evaluación pública integral sobre su impacto. No hay informes sistemáticos que indiquen: cuánto se redujo efectivamente el gasto, qué áreas fueron más afectadas, si se lograron mejoras en eficiencia o cuál fue el costo social de los recortes. El ajuste se ejecuta, pero no se mide —o al menos, no se comunica.

• Algunos hitos
• 1981 (Dictadura Gobierno de Ulloa) Medidas de contención del gasto público, de aplicación obligatoria en todas las dependencias y servicios de la Administración Central, organismos descentralizados, autárquicos, municipios y empresas del Estado
• 1989–1995 (Reformas estructurales/romerismo/menemismo. Gobierno Romero) Privatizaciones, transferencias de servicios, despidos (5000 excedentes). Todo ello, justificado en la ley de Reforma Administrativa del Estado y Emergencia Económica de 1990.
• 1996–2001 (Convertibilidad tardía → crisis. Gobierno Romero) Programas de equilibrio fiscal provincial, decretos de emergencia
• 2001–2003 (Crisis institucional. Gobierno Romero) reducción de gasto, diferimientos salariales
• 2003–2015 (Ciclo expansivo Gobiernos Romero- Urtubey) Menor frecuencia de ajuste explícito, pero sí restricciones “silenciosas” no sistematizadas
• 2016–2019 (ajuste fiscal + pacto fiscal. Gobierno Urtubey)
• 2017–2018: (Gobierno Urtubey) Decreto de reducción del Estado (reducción de estructuras, congelamiento salarial, retiros voluntarios, obligación de reducir hasta 20% estructuras administrativas estructura y gasto) Adhesión al Pacto Fiscal
• 2019 (Gobierno Sáenz) nuevo decreto de contención del gasto (reedición del plan anterior)
• 2020 (Gobierno Sáenz-Pandemia) congelamiento salarial, instrucción de contención del gasto público
• 2021–2023. (Gobierno Sáenz Pandemia-Sequía) Políticas de equilibrio fiscal y control del gasto
• 2024–2025 (Gobierno Sáenz Ajuste Nacional) Contexto de ajuste nacional y medidas provinciales
• 2026 (Gobierno Sáenz Crisis de coparticipación) congelamiento salarial, suspensión de contrataciones, recorte de gastos, control de contratos y compras y responde a caída de ingresos