Según los datos del Reporte de Tarifas y Subsidios que realiza todos los meses el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la tarifa eléctrica promedio de un usuario sin subsidios en Salta para marzo de 2026, con un consumo de 265 kWh/mes, fue un 22% superior al promedio nacional. Salta se ubica quinta en el ranking, solo superada por Neuquén (91%), Río Negro (41%), Mendoza y Puerto Madryn (25%).

En el otro extremo, La Rioja tuvo una tarifa 41% menor al promedio nacional. Le siguen el AMBA, con una tarifa un 39% más barata en el caso de los usuarios de Edenor y un 38% más económica en Edesur.

Cuánto se paga según el nivel de ingresos

Para el consumo de 265 kWh/mes, un usuario de la categoría N1 (altos ingresos) paga $97.561, frente a un promedio nacional de $80.527. En el caso de la categoría N2 (bajos ingresos), la tarifa subsidiada para ese nivel de consumo es de $77.967, es decir, un 39% más cara que el promedio nacional, que es de $56.028. En este segmento, Salta también se ubica como la quinta tarifa más cara del país.

En el caso de los usuarios N1, la tarifa se compone por un 28% correspondiente al costo de la energía, un 49% al Valor Agregado de Distribución (VAD), es decir, lo que percibe EDESA, y el 23% restante a impuestos. Salvo en Neuquén, donde el VAD representa el 52%, el valor de distribución en Salta es el de mayor participación en la tarifa final de todo el país.

Para los usuarios N2, que tienen la energía parcialmente subsidiada, el costo de la energía representa el 12% de la factura y los impuestos el 25%. El componente principal vuelve a ser el VAD, que alcanza el 63%. Solo la provincia de Santa Cruz presenta una incidencia mayor del Valor Agregado de Distribución, con el 64%.

Aumentos muy por encima de la inflación

Desde noviembre de 2023 y hasta febrero de 2026, las tarifas de electricidad en Salta aumentaron entre el 101% y el 250% en términos reales, dependiendo de la categoría de usuario. Según los cálculos realizados en base a los datos del Reporte de Tarifas y Subsidios, los usuarios N1 (altos ingresos) vieron duplicar su factura de luz. Por su parte, los usuarios de la categoría N2 (bajos ingresos) registraron un aumento del 207%, es decir, sus facturas se multiplicaron por tres. Los más perjudicados en términos proporcionales fueron los usuarios N3 (ingresos medios), cuyas tarifas aumentaron un 250%, lo que implica que se multiplicaron por 3,5 respecto de noviembre de 2023.

El esquema de recomposición tarifaria hizo que los mayores aumentos relativos recaigan sobre los hogares de ingresos medios (N3), que pasaron de tener un subsidio parcial relativamente amplio a un sistema en el que ese beneficio se redujo significativamente. En particular, se achicaron los bloques de consumo subsidiado y el excedente comenzó a pagarse a valores cercanos al costo pleno.

Los hogares de bajos ingresos (N2) también registraron subas importantes, aunque más moderadas, debido a que el Estado preservó una mayor cobertura sobre el consumo básico. En cambio, los usuarios de altos ingresos (N1) fueron los que menos sintieron los aumentos en términos relativos, ya que partían de una situación prácticamente sin subsidios y con tarifas más cercanas al costo real desde el inicio.

La política de reducción de subsidios

Estos incrementos, muy por encima de la inflación, son el resultado de la política de reducción de subsidios a la energía eléctrica en Argentina desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. La administración nacional tuvo como objetivo recomponer los precios relativos de la economía, reducir el peso del gasto energético en las cuentas públicas y trasladar progresivamente el costo real del sistema a los usuarios.

Al inicio de la gestión, el esquema vigente era el de segmentación por ingresos implementado en años anteriores, que dividía a los usuarios en tres niveles (N1, N2 y N3) con distintos grados de subsidio. Durante las primeras semanas, el gobierno optó por mantener formalmente ese esquema, pero introdujo cambios clave en los precios mayoristas de la energía que sentaron las bases del ajuste posterior. En particular, la actualización del precio estacional de la energía, en un contexto de devaluación y encarecimiento de los costos de generación, implicó un aumento significativo del costo base del sistema, aun antes de que ese incremento se trasladara plenamente a las tarifas finales.

A partir de enero de 2024 comenzó la primera etapa efectiva de reducción de subsidios, con aumentos tarifarios que impactaron de manera diferenciada según el nivel de ingresos. Los usuarios de mayores ingresos (N1) pasaron rápidamente a pagar valores cercanos al costo pleno de la energía, mientras que los segmentos N2 y N3 mantuvieron subsidios, aunque cada vez más acotados. En paralelo, el gobierno avanzó en una revisión del padrón de beneficiarios mediante auditorías y cruces de información, proceso que derivó en ajustes en los topes de consumo subsidiado y en la cobertura de los beneficios.

Para junio de 2024, las tarifas de la categoría N1 habían aumentado un 73% en términos reales respecto de las de noviembre de 2023. Por su parte, las de los usuarios N2 habían subido un 98% y las de los N3 un 124%, siempre en valores constantes.

Ese cambio se consolidó a partir de mediados de 2024, cuando se comenzó a abandonar gradualmente la lógica de subsidios basados exclusivamente en el nivel de ingresos para dar lugar a un esquema centrado en el consumo. Bajo este nuevo enfoque, el Estado subsidia únicamente un bloque básico de electricidad considerado esencial, mientras que el consumo excedente se paga a valores cercanos al costo real. Este mecanismo, conocido como “canasta básica energética”, introdujo un criterio más restrictivo y modificó los incentivos, ya que incluso los hogares de ingresos bajos o medios comenzaron a enfrentar aumentos significativos si superaban los niveles de consumo definidos como básicos.

En los meses siguientes, la política se profundizó mediante la actualización periódica de tarifas en función de variables como la inflación y el tipo de cambio, lo que permitió evitar el atraso tarifario. Al mismo tiempo, se redujo progresivamente el peso de los subsidios, concentrando la asistencia estatal en los sectores más vulnerables y en los niveles de consumo más bajos.

Hacia fines de 2024, el nuevo esquema ya se encontraba plenamente operativo. Para ese momento, las tarifas de los usuarios salteños de altos ingresos ya habían duplicado su valor respecto de las que existían antes del cambio de gobierno, las de bajos ingresos prácticamente se habían triplicado y las de ingresos medios habían subido un 237%.

Durante 2025, el modelo tendió a estabilizarse, consolidando un sistema en el que los subsidios dejaron de ser generalizados para convertirse en una herramienta focalizada, con impacto directo tanto en las cuentas públicas como en el bolsillo de los usuarios.Principio del formularioFinal del formulario