Mientras Argentina conmemora un nuevo aniversario de Ni Una Menos, la provincia de Salta continúa bajo Emergencia Social por Violencia de Género desde 2014, pero gran parte de las políticas nacionales destinadas a prevenir, asistir y reparar situaciones de violencia contra mujeres y diversidades fueron eliminadas, reducidas o transferidas a las provincias.

Según el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos, desde el 3 de junio de 2015 hasta mayo de 2026 se registraron 3.096 femicidios en el país. Solo en lo que va de este año hubo 105 víctimas. En Salta se contabilizaron tres femicidios y una muerte violenta dudosa, mientras que durante 2025 se registraron seis femicidios y 21 muertes violentas dudosas de mujeres cis y trans. La Corte de Justicia salteña elevó esa cifra a 28 muertes violentas y/o dudosas.

En paralelo, muchas de las herramientas creadas durante la última década para enfrentar la violencia de género sufrieron fuertes recortes por parte del Gobierno Nacional.

Línea 144: Atiende a un tercio de las víctimas que en 2023

La Línea 144, principal canal de atención para víctimas de violencia, dejó de estar enfocada exclusivamente en mujeres y diversidades tras su incorporación al Ministerio de Justicia. Actualmente atiende también casos de violencia familiar, contra niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y migrantes. Cuenta con apenas 73 profesionales para todo el país. En 2024 perdió dos tercios de su presupuesto y redujo un 45% su planta de trabajadoras. Además, desde 2025 ya no posee una partida presupuestaria específica. Aunque para 2026 se prevén $3.691 millones, la cantidad de personas asistidas cayó a 60.000, apenas un tercio de las atendidas en 2023.

Acompañar dejó solas a las víctimas

Otro de los programas afectados es Acompañar, destinado a brindar asistencia económica a personas en situación de riesgo por violencia de género. En 2024 sufrió un recorte presupuestario del 90% respecto de 2023 y pasó de asistir a más de 100.000 personas a solo 434. Desde 2025 dejó de aparecer como partida identificable dentro del presupuesto nacional y sus herramientas de monitoreo fueron eliminadas.

Ley Brisa: los huérfanos de la violencia

La Ley Brisa, que garantiza una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio, continúa vigente. El beneficio pasó de $265.907 en enero de 2025 a $349.299 un año después. En Salta hay 69 titulares activos, equivalentes al 4,9% de los 1.404 beneficiarios registrados en todo el país.

Justicia: Salta recibió 135 dispositivos duales, pero solo usa 55

En materia de protección judicial, Salta recibió 135 dispositivos duales para monitorear agresores con restricciones de acercamiento, pero solo 55 están actualmente en funcionamiento. Esto representa una utilización del 40,7%, muy por debajo de otras provincias. Aunque Salta concentra el 4,5% de los equipos distribuidos por Nación, apenas reúne el 2,8% de los que efectivamente están activos. La implementación depende del gobierno provincial y de las decisiones de la Justicia local.

Ni ENIA ni ESI: Adolescencia abandonada

La prevención también muestra retrocesos. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que logró reducir más de un 50% los embarazos adolescentes en Salta y otras once provincias priorizadas, prácticamente dejó de funcionar como política nacional. El programa sufrió para 2026 un recorte del 85% respecto de 2025 y ejecutaría menos del 3% de los recursos que tenía en 2023. Consejerías, capacitaciones, equipos territoriales y acciones comunitarias fueron discontinuados.

Actualmente, la Nación limita su intervención a asistencia técnica, monitoreo y distribución de insumos, mientras que la ejecución quedó en manos de las provincias. En Salta, las acciones focalizadas sobreviven únicamente en los departamentos Capital y Orán.

La Educación Sexual Integral (ESI) también fue alcanzada por el ajuste. El presupuesto nacional previsto para 2026 es de apenas $30 millones para todo el país, equivalente al 2% de lo ejecutado en 2023. Durante 2025 no hubo asistencia para Salta ni para otras provincias, y las intervenciones desaparecieron de las metas presupuestarias del próximo año.

Salud sexual ajustada: se hace cargo la provincia

Los recortes también alcanzaron a la salud sexual. El programa nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable perdió $900 millones. Estudios del CEDES, ELA y REDAAS advierten que la cobertura de métodos anticonceptivos podría caer de más de 1,2 millones de mujeres alcanzadas en 2024 a apenas 63.000 en 2026. Las organizaciones estiman que ello podría dejar sin protección a 840.000 mujeres, provocar 240.000 embarazos no intencionales adicionales, más de 112.000 abortos evitables, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales.

A esto se suma la interrupción de la compra y distribución nacional de misoprostol y mifepristona para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde 2024, el Gobierno nacional delegó esa responsabilidad en las provincias. En ese contexto, Amnistía Internacional registró en 2025 un aumento del 306% en las consultas de adolescentes de entre 14 y 19 años sobre acceso al aborto, y ocho de cada diez manifestaron no saber dónde ejercer ese derecho.

En resumen

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, el panorama muestra un cambio profundo en el rol del Estado nacional. Programas que hasta 2023 se ejecutaban directamente desde Nación fueron reducidos, reformulados o trasladados a las provincias. En Salta, donde la emergencia por violencia de género continúa vigente, la prevención, la asistencia y la reparación dependen cada vez más de la capacidad provincial para sostener políticas que durante años contaron con financiamiento y estructura nacional.

Fuentes

• Informe 145 de La Jefatura de Gabinete de la Nación
• Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta
• Corte de Justicia de Salta
• Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)
• Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
• Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS)
• Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)