Desmantelamiento: cómo la ayuda alimentaria estatal migra hacia organizaciones religiosas bajo fuerte subejecución

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  • Datos oficiales revelan que más del 90% de los fondos clave fueron a entidades religiosas, mientras se denuncia el cierre de cientos de comedores comunitarios laicos

La información confirma un cambio de paradigma en la asistencia alimentaria nacional, marcado por una drástica migración de fondos públicos hacia organizaciones religiosas y una alta subejecución presupuestaria de dinero destinado a la comida para los sectores más vulnerables. Según datos oficiales de la Jefatura de Gabinete a agosto de 2025, los principales programas alimentarios que no son ni la AUH ni los comedores escolares presentan un desempeño financiero muy bajo y una distribución de recursos que marginaliza a las redes comunitarias laicas tradicionales.

La subejecución: fondos que no llegan

Hasta agosto de 2025, ninguno de los programas principales había ejecutado siquiera la mitad de su presupuesto anual.

El Programa Abordaje Comunitario (PNUD), fiscalizado por Naciones Unidas y que financia a organizaciones de la sociedad civil mediante subsidios monetarios (línea “tradicional” para comedores y “módulos secos” para bolsones), tenía un crédito de $69.500 millones. A agosto, solo se había ejecutado un 42.2% ($29.320 millones).

La situación es aún más crítica para Alimentar Comunidad, que opera a través de la Tarjeta Alimentar Comunidad (TAC) para comedores y merenderos. De un presupuesto de casi $11.828 millones, solo se había utilizado el 24.1% ($2.857 millones) en los primeros ocho meses del año.

El cambio de destinatarios: el auge de lo religioso

Más allá de los fondos que no se gastan, el dato más significativo está en a quiénes se asignan los recursos que sí se ejecutan. El informe oficial detalla un desmantelamiento de las redes de asistencia laicas a favor de organizaciones confesionales.

Alimentar Comunidad (TAC): De 188 asignaciones registradas, el 45% fue para organizaciones religiosas (75 católicas y 10 evangelistas). Solo 87 (46%) fueron para organizaciones laicas, concentradas mayoritariamente en Buenos Aires y CABA, con apenas 6 asignaciones para el interior del país.

Abordaje Comunitario – Módulos Secos: El patrón es aún más contundente. De 1.464 asignaciones, un 91% (1.338) benefició a organizaciones religiosas o con vinculación religiosa. La principal favorecida fue Cáritas, con 1.138 asignaciones, seguida por CONIN (125) y otras fundaciones católicas y evangelistas.

Este redireccionamiento coincide con denuncias de organizaciones sociales de Salta, donde aseguran que desde diciembre de 2023 cerraron más de 300 comedores y merenderos que dependían de la ayuda nacional. El gobierno argumenta que su política apunta a “transferencias directas para evitar intermediarios”, pero los datos muestran que esos nuevos canales directos son, predominantemente, instituciones confesionales.

La sombra de la auditoría (o la falta de ella)

El último informe nacional de agosto señalaba que el Programa de “Políticas Alimentarias” se encontraba bajo auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), la SIGEN y la Auditoría Sectorial de Niñez. Sin embargo, esa auditoría, nunca existió.

A través de un pedido de Acceso a la Información Pública gestionado por la diputada Saracho, se supo que no existían tales auditorías en curso por parte de la AGN y la SIGEN sobre el programa específico al momento del informe

SALTA

En 2024, Salta fue la segunda en recibir mayor asistencia alimentaria nacional, con 1.1 millón de kilos (9% del total)

Sin embargo, en 2025 los programas se reactivaron con recortes significativos:

•           El Programa Focalizado redujo su población objetivo que incluía a criollos, ahora limitada solo a comunidades originarias.

•           El Plan de Celiaquía redujo sus beneficiarios de 600 a 200 personas.

El cambio en la política de asistencia coincide con el cierre de más de 300 comedores y merenderos comunitarios en la provincia

Salta: en 2024 fue la segunda que más alimentos recibió; pero en 2025 se ajustaron programas y ya cerraron 300 comedores

La provincia fue la segunda en recibir más toneladas de comida del Estado nacional en 2024, pero organizaciones sociales denuncian el cierre masivo de comedores y merenderos y el recorte en planes específicos durante 2025

Durante 2024, Salta se consolidó como la segunda provincia que más alimentos recibió de la Nación, con un total de 1.106.590 kilogramos. Esta cifra representó el 9% del total nacional distribuido, solo por detrás de la Provincia de Buenos Aires que recibió 3.206.693 de kilos de alimentos.

Sin embargo, el informe 144 de la Jefatura de Gabinete aclara que los alimentos fueron de “remanentes adquiridos por la gestión anterior”, que estaban almacenados en centros logísticos de Tafí Viejo (Tucumán) y Villa Martelli (Buenos Aires). Se trató, en definitiva, de la distribución de un stock acumulado, no de compras nuevas.

La reactivación de programas, pero con recortes

En 2025, la asistencia tomó otra forma: transferencias de dinero con destino específico. Hace pocos días se conoció que Salta recibirá $2.589.300.000 para asistencia alimentaria. Este monto equivale al 90.62% de lo ejecutado hasta agosto en el plan Alimentar Comunidad a nivel nacional, y al 8.83% del Plan Nacional de Abordaje Comunitario (PNUD).

Estos fondos se destinarán, principalmente, a reactivar el programa Focalizado, que estaba paralizado desde septiembre. No obstante, la reactivación viene con un ajuste: antes estaba dirigido a “criollos y aborígenes”, y ahora se restringe solo a integrantes de comunidades originarias.

Otro plan nacional que sufrió un recorte severo en la provincia es el de asistencia para personas con celiaquía. También paralizado desde septiembre, pasó de beneficiar a 600 salteños y salteñas a solo 200, una reducción de dos tercios.

El cierre masivo de comedores comunitarios

Las organizaciones sociales de Salta dan cuenta del cierre de más de 300 comedores y merenderos en dos años, desde diciembre de 2023 a diciembre de 2025.

Según los datos de las organizaciones, que solían mantener los espacios con fondos nacionales:

*   El Movimiento Evita informó el cierre de 150 comedores y merenderos.

*   Barrios de Pie indicó el cierre de 135.

*   El Partido Obrero (PO) reportó el cierre de 45 en la capital y el interior.

Los cierres coinciden con el cambio de estrategia del gobierno nacional, que promueve las “transferencias directas” y canalizó gran parte de los fondos ejecutados de programas como el PNUD hacia organizaciones religiosas, dejando sin financiamiento a muchas de estas redes comunitarias laicas.

Ayuda diferenciada en emergencias climáticas

El informe 144 de Jefatura de Gabinete también revela diferencias en la asistencia por emergencias climáticas. Mientras Salta recibió, además de alimentos, aportes del Tesoro Nacional y más de 65.000 artículos de construcción y limpieza por catástrofes meteorológicas, la ayuda a Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) tras la emergencia climática “excepcional”, consistió en la entrega de remanentes de aceite y yerba mate que “no retiraron las provincias”

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