El gobierno nacional eliminó la norma que suspendía los desalojos sobre tierras comunitarias. Salta, la provincia con más población indígena del país, es la más afectada por la paralización de los relevamientos territoriales.
El fin de una política clave
El 10 de diciembre de 2024, Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 1083/2024 que derogó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. La norma, vigente desde 2006, suspendía los desalojos en tierras comunitarias y ordenaba al INAI realizar relevamientos catastrales en los territorios ancestrales.
Con la caída del decreto que prorrogaba su vigencia (805/2021), todos los convenios provinciales quedaron sin efecto inmediato. En Salta —que encabezaba el número de comunidades a relevar— la decisión dejó a más de 140 mil personas sin protección legal sobre sus tierras.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial confirmaron a Ciudadana Comunicación que desde diciembre de 2024 “no se pueden emitir nuevas resoluciones, porque estarían fuera del marco legal”.
Salta, la provincia más afectada del país
El Censo 2022 registró que 142.870 personas se reconocen como indígenas o descendientes de pueblos originarios en Salta, lo que representa el 11% de la población provincial, una proporción sin equivalente en la Argentina. Los pueblos Wichí, Guaraní, Kolla, Chorote y Chané predominan en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.
Antes de la derogación, Salta tenía 76 comunidades en proceso de relevamiento bajo el Programa Nacional de Relevamiento Territorial (Re.Te.C.I.), más que cualquier otra provincia. Sin embargo, solo se había ejecutado el 40% del presupuesto asignado: $78 millones de $195 millones previstos, con vencimiento de plazo en marzo de 2025.
En las últimas semanas, comunidades indígenas del norte y los valles salteños advirtieron que “se empezaron a activar los juicios por desalojo”, especialmente en zonas donde los relevamientos territoriales habían quedado inconclusos. Denuncian que la ausencia de un marco legal y la paralización del INAI dejan a cientos de familias en situación de vulnerabilidad frente a intereses privados, desmontes y proyectos agroindustriales.
Por eso, distintas organizaciones territoriales y referentes comunitarios declararon el estado de alerta, reclamando la restitución urgente de una herramienta de protección frente a los desalojos.
Desmantelamiento institucional del INAI
La eliminación de la ley fue acompañada por una reestructuración del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Dos decretos —el 1073/2024 y el 438/2025— transfirieron sus funciones al Ministerio del Interior y luego lo transformaron en una unidad dependiente de la Vicejefatura de Gabinete.
El resultado fue la pérdida de autonomía y capacidad técnica del organismo. Los equipos provinciales y los Consejos de Participación Indígena quedaron paralizados, deteniendo los relevamientos y bloqueando el proceso de reconocimiento catastral y jurídico de los territorios.
Advertencias internacionales
Un mes antes de la derogación, el 11 de noviembre de 2024, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución de la ONU que instaba a los Estados a garantizar los derechos de los pueblos originarios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió luego una advertencia formal:
“La suspensión de la Ley 26.160 y las decisiones adoptadas por el INAI pueden afectar la protección de los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas del país.”
La CIDH recordó además que desde septiembre de 2024 el INAI suspendió las inscripciones en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), afectando a unas 250 comunidades que aún no habían sido relevadas.
El fin de una política de Estado
El último Informe Anual del INAI (2023) mostraba 988 relevamientos culminados, 208 finalizados solo ese año y una proyección para completar el mapa territorial antes de noviembre de 2025.
La derogación de la ley interrumpió esa meta y puso fin a la política pública más prolongada hacia los pueblos originarios en casi veinte años.
En Salta, la situación es particularmente grave: los relevamientos quedaron detenidos y los territorios ancestrales, sin resguardo frente a desalojos. Las comunidades del Chaco salteño, los Valles Calchaquíes y la Puna enfrentan hoy una nueva etapa de incertidumbre y riesgo.
